La UE publica un informe sobre el estado y calidad de la justicia entre los países comunitarios
España se sitúa en la cola de la Justicia europea.
España se encuentra, junto con
Italia, Croacia, Grecia, Portugal y Eslovaquia, entre los Estados miembros con
más casos judiciales en el ámbito civil y comercial pendientes de
sentencia y ocupa las últimas posiciones en materia de inversión en
tribunales y número de jueces, según el marcador sobre el estado y
calidad de la justicia en la UE publicado por la Comisión Europea,
que utiliza datos de 2012.
La justicia española se encuentra
también entre las percibidas como menos independientes de la UE por parte de
empresarios de todos los sectores (ocupa el puesto 22 entre los 28 Estados
miembros), un sentimiento que además ha empeorado entre 2010 y 2012. Sólo
Eslovaquia, Bulgaria, Rumanía, Croacia, Grecia y Eslovenia registran resultados
peores, según los datos del Foro Económico mundial de los que se hace
eco Bruselas.
Según los datos de Bruselas,
España se sitúa en la parte media de la clasificación por lo que se refiere a
la duración de los procedimientos, con alrededor de un año de promedio,
superando incluso a Francia o Finlandia. Sin embargo, el número de casos
pendientes está entre los más altos de la UE (casi tres por cada 100 habitantes
en primera instancia), aunque baja ligeramente respecto a 2010. Sólo registran
peores resultados Italia, Croacia, Grecia, Portugal y Eslovaquia. Pero el
estudio no tiene información de Chipre, Bélgica, Bulgaria, Irlanda, Holanda y
Reino Unido.
Además, España figura como
farolillo rojo en el presupuesto dedicado a tribunales, con una
espectacular caída de los 90 euros por habitante en 2010 a apenas 25 euros por
habitante en 2012. Sólo Rumanía, Bulgaria, Lituania, Letonia, Estonia e Irlanda
dedican cifras más bajas.
España está también a la cola de
la UE en número de jueces, con 11 por cada 100.000 habitantes, cifra que
únicamente es más baja en Irlanda, Dinamarca, Malta, Francia e Italia.
Por lo que se refiere a
la calidad del sistema judicial, el Ejecutivo comunitario sitúa a España
en la parte media del marcador en cuanto al uso de tecnologías de la
información para el registro y la gestión de casos, aunque le suspende por la
escasa participación (inferior al 10%) de jueces en actividades de formación
continua en materia de derecho de la UE o en derecho de otros Estados miembros.
Los abogados son uno de los
colectivos más afectados por esta situación, a la que se suma las últimas
reformas aprobadas y en tramitación que el ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón ha puesto en marcha, como la Ley de Tasas Judiciales o la de
Colegios Profesionales.
Ante estos problemas, cualquier
ayuda para facilitar su trabajo influirá positivamente a seguir adelante. Así,
la compañía Iberley ofrece un
servicio de base de datos de
jurisprudencia, pero con una importante diferencia, ya que incorpora un
software para abogados en la nube (el denominado ‘Cloud Computing’),
consiguiendo aunar base de datos y software de gestión de expedientes en un
mismo servicio.