Gallardón amplía la justicia gratuita a asociaciones ecologistas y trabajadores con independencia de sus recursos
El PP presentará varias enmiendas al proyecto de
Justicia Gratuita para ampliar a estos colectivos los beneficios de la
justicia gratuita.
El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, ha anunciado este martes que se ampliará el beneficio de la
justicia gratuita a las entidades medioambientales y los trabajadores en
segunda instancia con independencia de sus recursos económicos.
En el debate de las enmiendas de
totalidad presentadas por seis grupos de la oposición al proyecto de justicia
gratuita, el ministro ha adelantado que el PP presentará varias enmiendas al
articulado para extender este derecho a las asociaciones medioambientales “definidas
en su propia normativa” y a los trabajadores, quienes solo serán condenados en
costas cuando el juez aprecie temeridad o mala fe.
"Ambas cosas las vamos a
hacer con independencia de los recursos de que se disponga", ha indicado
Gallardón, para defender que su norma supone un "avance social
considerable". "Creo que la solidaridad debe extenderse más allá del
criterio monetario", ha remachado.
Las organizaciones ecologistas se
suman así a sindicatos, Cruz Roja y asociaciones de discapacitados, de consumidores
y de víctimas de terrorismo ya incluidas en el proyecto. A título individual,
el texto también reconoce el derecho a las víctimas de violencia de género,
terrorismo, trata, menores y discapacitados psíquicos víctimas de abusos.
Según ha dicho, el PP presentará
una enmienda para que las administraciones puedan suscribir convenios con los
colegios de abogados para prestar este servicio en centros penitenciarios. Los
colegios de letrados contarán también con turnos especializados para víctimas
de violencia de género, que dispondrán de asesoramiento previo gratuito previo
a la interposición de la denuncia y querella en todos los órdenes
jurisdiccionales.
Gallardón ha explicado que un
colegio de abogados propuso al Ministerio que las víctimas reintegrasen el
coste de la prestación recibida en caso de que su agresor resultara absuelto.
Sin embargo, ha dicho, "no podemos permitir que la duda sobre el éxito o
el fracaso en la vía judicial se convierta en un elemento de disuasión ante la
posibilidad de tener que reintegrar esas cantidades".
El titular de Justicia ha
explicado que ninguna comunidad autónoma pagará "ni un euro más" como
consecuencia de la extensión de la justicia gratuita a nuevos colectivos y ha
propuesto que "la cuantía máxima de aportación estatal no suponga más del
triple de la desviación media en las cinco comunidades autónomas gestionadas
por el territorio del Ministerio Justicia".
Gallardón, que ha dicho que los
presupuestos de 2015 incluirán el abono por esta partida para cada comunidad,
ha recalcado que la relación entre las tasas judiciales y la asistencia
jurídica gratuita "no es de afectación pero sí de vinculación".
"El coste efectivo real de la justicia gratuita estará garantizado y
cubierto", ha remachado.
El umbral para acceder a la
justicia gratuita pasa de dos veces el SMI (14.910,28 euros) a 2,5 veces el
IPREM (15.975,33 euros). En familias de cuatro o más miembros, se accederá con
19.170,39 euros, y ante circunstancias especiales familiares, de
salud o discapacidad, tendrán cobertura las unidades familiares con ingresos de
hasta cinco veces el IPREM, es decir con 31.950 euros.
Para mantenerse al día de los
cambios en la legislación, los abogados y operadores jurídicos cuentan con
herramientas como las bases de datos
de jurisprudencia, con las que pueden tener a un clic de ratón todas las
nuevas normas aprobadas y publicadas.
En este sentido, la compañía Iberley se ha conseguido desmarcar
en el mercado ofreciendo este servicio con calidad y diferenciándose al
incorporar la integración de la base de datos con el software para abogados en la
nube, consiguiendo aunar base de datos y software de gestión de expedientes
en un mismo servicio.
