La Defensora del Pueblo pide justicia gratuita a los menores al margen de la renta familiar
Además, Becerril solicita que se tome en consideración lo
que dice el niño y, en caso de desatender su postura, la autoridad judicial
deba razonar por qué.
La Defensora del Pueblo, Soledad
Becerril, ha presentado este martes un informe monográfico sobre el interés
superior del menor en la justicia que revela deficiencias en el procedimiento
de escucha de los niños y adolescentes y pide al Ministerio de Justicia que se
adopten medidas como garantizar su acceso a la justicia gratuita al margen de
la renta de sus padres, cuando quieran hacer valer su parecer en los
tribunales.
Asimismo, solicita que se
configure la escucha del menor "como un derecho de éste, no sujeto a
criterios de necesidad u oportunidad", como actualmente funciona en los
procesos de derecho de familia, de manera que no sólo se oiga al niño, sino que
se tome en consideración lo que dice y en caso de desatender su postura, la
autoridad judicial deba razonar por qué.
Para la Defensora, se deben
eliminar los criterios de edad respecto al derecho del niño a ser escuchado y
sustituirlos por los de capacidad del menor para formarse un juicio propio,
capacidad ésta que habrá de ser sustentada en un informe elaborado por un
equipo psicosocial 'ad hoc' adscrito al juzgado.
Sobre este asunto, el informe
revela que "no existen protocolos comunes para la realización de la
audiencia del menor": las normas procesales españolas "sólo hacen
referencias genéricas" sin detallar el modo en que debe ejercitarse su
derecho de audiencia. Además, pide que se contemple la comunicación de la
decisión judicial adoptada y proporcionar vías de recurso al niño.
También defiende que se reconozca
al menor la posibilidad de ejercitar de forma total o parcial los derechos de
las partes, se modifique la regulación del defensor judicial para garantizar la
representación de los intereses del niño y que, en los casos en que plantee
discrepancias con las medidas que pueda haber adoptado una entidad pública de
protección, se le facilite el acceso a un abogado de oficio.
En el informe, la Defensora
también eleva recomendaciones al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, como que garantice que se pone a disposición del Ministerio Fiscal el
expediente administrativo completo de los menores sometidos a medidas de
protección en el momento en que se comunique la declaración de desamparo o que
los fiscales puedan acceder a estos documentos por vía telemática.
Otra de las recomendaciones, es
que promueva la adopción de un protocolo común para armonizar los expedientes
de menores, a fin de determinar el contenido mínimo de los informes, los
documentos a incorporar, las actuaciones de información al menor, las
acreditaciones del proceso de escucha, las opiniones del afectado y demás
incidencias que hayan de tener reflejo en los mismos.
Para mantenerse al día de los
cambios en la legislación, los abogados y operadores jurídicos cuentan con
herramientas como las bases de datos
de jurisprudencia, con las que pueden tener a un clic de ratón todas las
nuevas normas aprobadas y publicadas.
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