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La norma regula aspectos como los contratos a distancia, el uso y publicidad de los cigarrillos electrónicos o el ‘spam’ telefónico. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy la ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. La norma, que se aprobó en el Consejo de Ministros el pasado mes de octubre, a propuesta de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, adapta a la legislación española la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de los consumidores. La norma regula, entre otros, los contratos a distancia, el uso y publicidad de los cigarrillos electrónicos que contienen nicotina y otros productos similares, así como el ’spam’ telefónico, las reclamaciones colectivas, o la nueva tarifa eléctrica.

Sólo el 22% admite que la reforma laboral les benefició, el mismo porcentaje que espera que esta norma les ayude en el futuro. El 41% de los empresarios cree que la reforma laboral de 2012 no les ha ayudado nada, frente a un 22% que admite que les benefició, el mismo porcentaje que espera que esta norma les ayude en el futuro, según la 'Guía del Mercado Laboral 2014' realizada por la multinacional británica ‘Hays’ en colaboración con el Instituto de Empresa. Esta guía, que ha contado con las respuestas y opiniones de casi 1.350 empresarios y 7.321 trabajadores, revela que el 53% de las empresas contratará personal este año, casi el mismo porcentaje que realizó despidos en 2013 (54%). Los perfiles más buscados serán los de ventas y comercial, seguidos de ingenieros e informáticos. El informe muestra que las empresas han retenido bastante bien sus plantillas, ya que sólo el 13% detectó el año pasado una "fuga voluntaria de talento" entre sus empleados. No...

Se trata de una sentencia pionera en España por ser la primera en la que se aplica el artículo 512 del Código Penal para este tipo de hechos. El Juzgado de lo Penal 6 de Barcelona ha condenado a un portero de discoteca a un año de inhabilitación para ejercer esta profesión y a una indemnización por daños morales al denegar la entrada de forma discriminatoria a dos mujeres transexuales lo que, según la Fiscalía de Barcelona, es la primera sentencia conocida en España en la que se aplica el artículo 512 del Código Penal para este tipo de hechos. Este artículo del Código Penal se refiere a los profesionales que deniegan a una persona una prestación a la que tenga derecho “por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía”, para los que establece penas de uno a cuatro años de inhabilitación.

La nueva normativa amplía las competencias de los vigilantes de seguridad. El Congreso ha dado el visto bueno definitivo a la nueva Ley de Seguridad Privada, que amplía las competencias de los vigilantes y les habilita para nuevas funciones como el control del perímetro exterior de las cárceles y centros de internamiento de extranjeros o la "participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial". Para su entrada en vigor, ya sólo resta su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Los aspectos más polémicos de esta nueva Ley de Seguridad Privada son los referidos a las competencias que otorga a los agentes de seguridad privada en su artículo 41.

Se hace obligatorio el uso de casco de la bicicleta a menores de 16 años en ciudad, sube a 1.000 euros la multa por doblar la tasa de alcohol y drogas, y se aumenta a 130km/h la velocidad en algunos tramos de carreteras y autovías. El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado con carácter definitivo la reforma de la Ley de Tráfico, Circulación de vehículos a motor y seguridad vial, una normativa que entrará en vigor un mes después de su publicación en el BOE. Con la futura normativa, el casco para ciclistas seguirá siendo obligatorio en las carreteras y, a partir de ahora, también deberán llevarlo en la ciudad los menores ciclistas de 16 años. A su vez, esta normativa contempla que habrá un cambio en las velocidades máximas y mínimas autorizadas para la circulación de vehículos, alcanzando los 130 kilómetros por hora en algunos tramos de carreteras y autovías, y reduciendo a 10 kilómetros por hora la velocidad máxima en las carreteras secundarias.

Los recursos de revisión deben incluirse entre los denominados "declarativos" dada su naturaleza "extraordinaria y excepcional" y, en consecuencia, la tasa no resulta exigible para estos supuestos, según el Supremo. El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha establecido de forma unánime la improcedencia de la tasa judicial que se exige para interponer demandas de revisión de sentencias firmes. Se trata de un recurso que sólo cabe ante el alto tribunal, en el que se solicita la revisión de un procedimiento por aparecer hechos nuevos que no han podido ser tenidos en cuenta en resoluciones anteriores. La decisión del Supremo dada a conocer este jueves tiene fecha del pasado 4 de marzo y en ella los diez magistrados que conformaban el Pleno de la Sala Primera estiman el recurso presentado por la empresa Pradul, a quien se había exigido el pago de una tasa para poder solicitar la revisión de una sentencia dictada en noviembre de 2010 por un juzgado...

Desde febrero de 2012 se han realizado más de 173.000 contratos de apoyo a emprendedores, de los que 66.000 han ido a parar a menores de 30 años. Casi el 40% de los contratos indefinidos de apoyo a emprendedores, creados en la reforma laboral de 2012, se han firmado con jóvenes menores de 30 años, según un estudio de Randstad, en el que se destaca que marzo de 2012 fue el mes en el que más contratos de este tipo se registraron, con cerca de 11.000. En concreto, desde su puesta en marcha, en febrero de 2012, se han realizado más de 173.000 contratos de este tipo, de los que 66.000 han ido a parar a jóvenes menores de 30 años, el equivalente al 38,2% del total.

España se sitúa en la cola de la Justicia europea. España se encuentra, junto con Italia, Croacia, Grecia, Portugal y Eslovaquia, entre los Estados miembros con más casos judiciales en el ámbito civil y comercial pendientes de sentencia y ocupa las últimas posiciones en materia de inversión en tribunales y número de jueces, según el marcador sobre el estado y calidad de la justicia en la UE publicado por la Comisión Europea, que utiliza datos de 2012. La justicia española se encuentra también entre las percibidas como menos independientes de la UE por parte de empresarios de todos los sectores (ocupa el puesto 22 entre los 28 Estados miembros), un sentimiento que además ha empeorado entre 2010 y 2012. Sólo Eslovaquia, Bulgaria, Rumanía, Croacia, Grecia y Eslovenia registran resultados peores, según los datos del Foro Económico mundial de los que se hace eco Bruselas.

La reforma introduce nuevos límites para que los jueces españoles puedan juzgar crímenes de especial gravedad fuera de nuestras fronteras. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el pasado viernes, 14 de marzo, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), concretamente el artículo 23, relativo a la justicia universal., que entró en vigor al día siguiente. La reforma introduce nuevos límites para que los jueces españoles puedan juzgar crímenes de especial gravedad fuera de nuestras fronteras. El BOE recoge la reforma de la justicia universal dos días después de que el Senado la aprobara por vía de urgencia, sin cambios y apenas 15 días después de que el Partido Popular la sacara adelante en el Congreso de los Diputados.

Es posible que los datos almacenados en ‘la nube’ se encuentren físicamente en un servidor ubicado en cualquier punto del planeta, cuestión muy relevante en cuanto a protección de datos. El ‘Cloud Computing’ es un servicios del cual cada día se aprovechan más despachos de abogados, que permite acceder a una serie de servicios, desde el correo electrónico hasta el almacenamiento de documentos, pasando por aplicaciones de gestión del despacho o de bases de datos de jurisprudencia, sin necesidad de disponer de servidores o de software en el propio despacho, ya que los documentos se almacenan en ‘la nube’. La propia naturaleza de este modelo hace posible que, en principio, estos datos almacenados en ‘la nube’ se encuentren físicamente en un servidor ubicado en cualquier punto del planeta. Esta circunstancia es muy relevante en materia de protección de datos de carácter personal.

La información que manejan los abogados es especialmente sensible, y el miedo a no conservar la seguridad hace que muchos no se decidan a dar el salto a las nuevas herramientas digitales. La llegada de las nuevas tecnologías a los despachos de abogados continúa siendo una tarea pendiente. El miedo a lo desconocido, los mitos sobre riesgos de seguridad y el coste económico que pueda suponer la implantación de estas herramientas de trabajo dificultan que los abogados den el salto a ‘la nube’. Es importante mencionar que el grado de adaptación a la era digital difiere notablemente en función de si se trata de grandes despachos o de firmas unipersonales, de uno o dos abogados, que representan el 70% del sector en España. La gran ventaja de los grandes bufetes radica en la existencia de departamentos de tecnologías de la información y de innovación y la pertenencia a una red internacional, que permite importar y compartir tecnologías ensayadas con éxito en otros países.

La esencia de la gestión documental está en hacer que toda la información que entra y se genera en un despacho sea de todos y para todos, en cualquier momento y para cualquier tema y, sobre todo, en la medida en que se necesita. La cantidad de información que entra y sale cada día en un despacho de abogados es excesiva. Por una parte, la externa (compuesta por cartas, revistas sectoriales y jurídicas, suscripciones, bases de datos, libros nuevos, BOE, boletines autonómicos, e-mails, newsletters electrónicas, sentencias, etc.) y por otra, la interna, es decir, la que genera el propio despacho (dictámenes, boletines informativos, cartas, artículos, etc.). El sistema de gestión de cada despacho tiene una gran importancia estratégica. Hoy en día, las grandes firmas destacan precisamente por esa capacidad de tener la información que necesitan en cada momento, lo cual implica haberla seleccionado y guardado oportunamente para, más tarde, recuperarla a tiempo.